lunes, 4 de marzo de 2013

APUNTES SOBRE EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. Raul Medina Gómez

Esta reforma, persigue básicamente reducir el tamaño financiero de los ayuntamientos y mancomunidades a favor de las diputaciones, a las que se transfiere mucho más poder económico y funcional.


Si bien es innegable que es necesario imponer controles más rigurosos a la administración en general, y a la administración local en particular, así como delimitar claramente las competencias de las distintas administraciones y en virtud de ello asignar recursos, así como también es necesario terminar con algunas prácticas y poner coto a los desmanes que en algunos ayuntamientos se producen, de aprobarse en los términos previstos en el anteproyecto dado a conocer el pasado viernes por el Consejo de Ministros, esta reforma supondrá un ataque frontal al municipalismo y a la autonomía local, ya que este anteproyecto de reforma va en contra de los fundamentos de la democracia, y perjudica enormemente a los partidos políticos minoritarios, quienes perderán poder de actuación política en todos los frentes, ya que se otorga más poder a las diputaciones provinciales, entes públicos en los que sus dirigentes no gozan de elección popular directa, y por ello, si las diputaciones absorben funciones y servicios que hasta ahora venían prestando en primera instancia los ayuntamientos y mancomunidades, los diputados provinciales deberían ser elegidos en las urnas mediante votación directa de los destinatarios de los servicios, es decir, de los ciudadanos, y no designados por los partidos mayoritarios a nivel provincial, que no hacen sino convertir a las diputaciones en auténticos “cementerios políticos”, y supone el traspaso del poder democráticamente obtenido por personas designadas por los ciudadanos a través de las urnas, a personas designadas por los grandes partidos.

El principio de “una administración, una competencia”, que pretende eliminar las “competencias impropias” que los ayuntamientos venían desarrollando y que corresponden a otras administraciones, parece lógico, y es necesario establecer fronteras claras en las competencias propias de cada administración, pero con esto no se resuelve el verdadero problema, que es el de la financiación de los servicios, ya que si un ayuntamiento no tiene recursos para mantener un servicio, el hecho de que sea asumido por otra administración, en este caso una diputación, obligaría a esta a obtener recursos adicionales para su correcta prestación, pero esto, no está garantizado por esta reforma.

Parece evidente, que aquellos Ayuntamientos que han venido prestando servicios que corresponden a otras Administraciones, lo han hecho en atención a una demanda social que aquellas administraciones que ostentan dicha competencia han desatendido, y por tanto, la reforma debería ir encaminada a obligar a estas últimas a prestar dichos servicios, y a compensar su “deuda histórica” pendiente con los Ayuntamientos por este concepto.

En el caso de Extremadura, debido a la baja densidad demográfica, y a la gran extensión de las provincias, esta reforma es un despropósito, ya que 287 de los 385 municipios extremeños tienen menos de 2.000 habitantes, y 204 de ellos, menos de 1.000 habitantes y por tanto, muchos de los servicios que actualmente se prestan en los municipios extremeños son viables económicamente gracias a las economías de escala obtenidas en la prestación de los mismos por las mancomunidades de municipios, lo cual es en mi opinión, al menos en el caso de Extremadura, más lógico que la centralización de competencias en las diputaciones, ya que esta reforma carece de criterios de racionalización del coste por zonas geográficas, y habrá multitud de situaciones en las que la aplicación de la pretendida economía de escala no genere ningún ahorro, y si este se consigue, será a costa de reducir la calidad de los servicios.

Otro aspecto clave de esta reforma, es que si una mancomunidades o entidad local menor no rinde cuentas en un plazo de tres meses desde su entrada en vigor, en lugar de exigir responsabilidades a sus dirigentes, pues se opta por disolver el ente de derecho público, lo cual genera una gran incertidumbre e inseguridad en todos aquellos actores sociales y económicos que deban relacionarse con mancomunidades, ya que por ejemplo, si un partido político tiene interés en hacer desaparecer una mancomunidad en la que gobierna (no olvidemos que el partido que gobierna la nación, lo hace también en muchas mancomunidades), lo tiene fácil: solo tiene que olvidarse de rendir cuentas, y el ente desaparecerá con total impunidad para sus dirigentes.

Sin duda, la medida “estrella” de esta pretendida reforma, no por su impacto económico, que será mínimo en términos de ahorro, sino por su marcado carácter populista, es la referida a las retribuciones de los cargos electos, y salvo que se trate de un instrumento de negociación con el que obligar al municipalismo a que acepte sin rechistar el resto del documento, esta medida, que como ya he dicho, de conseguir algún ahorro será mínimo, además de disminuir la calidad de la democracia en la administración local, es injusta, ya que mientras las retribuciones de alcaldes y concejales en las grandes ciudades, los cuales dedican más tiempo a trabajar para sus partidos que para el ayuntamiento que les paga, se reducirán mínimamente, en los municipios más pequeños se eliminarán totalmente, y concretamente en Extremadura dejará sin sueldo a 204 de los 385 alcaldes extremeños, de los cuales conozco a muchos, independientemente del presupuesto y de la situación económica que tengan sus ayuntamientos e independientemente de su valía y de si trabajan mucho o trabajan poco, alcaldes a quienes les corresponde por ley, entre otras funciones, la de ejercer la jefatura de personal, pero que en la práctica, día a día desempeñan las funciones de administrativo, bedel, encargado de obras, fontanero, electricista, policía, bombero, etc., y las desempeñan sin horarios, sin festivos, y en muchos casos sin vacaciones. Esta medida, hará que muchos de de estos alcaldes, queridos por sus vecinos y auténticos artífices de la supervivencia de nuestros pueblos, abandonen la política y se dediquen a otra cosa, puesto que la vocación de servicio público que mueve a la gran mayoría de ellos, por si misma, no elimina la necesidad de comer que como todo ser humano tienen tanto el alcalde como su familia, dejando paso a otras personas menos queridas por sus vecinos, pero que tengan tiempo y dinero que les permita dicha dedicación, y si nadie quiere, pues como antaño, que mande el secretario.

Además de injusta, esta medida es incoherente, ya que mientras se limita en número de cargos electos que pueden percibir una retribución, en las poblaciones de mayor tamaño se sigue permitiendo la contratación de asesores, que son designados directamente, sin que en muchos casos estén claras las funciones que desempeñan, y que casi siempre sirven para colocar amigos o devolver favores.

Raúl Medina Gómez

Secretario de Administración Local de PREX CREX.

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